- 1981 Estado de Arizona contra Tony Mason
William Healy y Richard Gonzales defendieron con buen éxito al Entrenador de Fútbol Americano en la Universidad de Arizona, Tony Mason, quien fue acusado por el gran jurado de 15 cargos criminales, por supuestamente usado fondos destinados para el programa de reclutamiento. El caso fue enjuiciado por la Oficina del Procurador Fiscal de Arizona poco después que la UA se unió a la División del Pacífico Región 10. Al final de juicio que duró dos semanas, el jurado absolvió al Entrenador Mason de todos los cargos. - 1984 Acevedo contra el Departamento de Libertad Condicional Adulta del Condado Pima
Richard Gonzales entabló una demanda en pro de varios niños menores que habían sido víctimas de un individuo convicto dos veces por haber molestado a menores y quien estaba bajo la supervisión del Departamento de Libertad Condicional Adulta del Condado Pima. Inicialmente, nueve licenciados se rehusaron a tomar el caso porque los precedentes vigentes no permitían este tipo de juicio respecto a negligencia por el Departamento de Libertad Condicional. El licenciado Gonzales llevó el caso a la Corte Suprema de Arizona y logró revocar los precedentes. Luego procedió contra el departamento para recuperar un millón de dólares para los niños que habían sido molestados. - 1989 Gerardo contra el Municipio de Tucson
La empresa de abogados Baron & Budd de Dallas, Téjas, en asociación con Richard Gonzales, resolvieron una demanda de 35 millones de dólares contra la ciudad de Tucson, a favor de 1,618 demandantes quienes habían sido afectados por la contaminación tóxica de TCE (un disolvente industrial carcinógeno) que se filtró a las aguas subterráneas en el área del Aeropuerto Internacional de Tucson. El licenciado Gonzales se crió en la vecindad afectada por la contaminación y muchos de sus clientes eran amistades que se criaron en el mismo vecindario. - 1991 Valenzuela contra la Compañía de Aviación Hughes
El caso acompañante a la de Gerardo contra el Municipio de Tucson fue resuelto contra la compañía Hughes en 1991 a favor de 2,118 demandantes, en la cantidad de 95 millones de dólares. Hasta entonces, fue éste el saldo más grande a favor de un caso relacionado a la contaminación tóxica de aguas subterráneas, en la historia de este país. - 1994 Petolicchio contra la Feria del Condado de Santa Cruz
El hijo adolescente del demandante murió en un accidente automovilístico debido al consumo de alcohol. El licor lo había obtenido un amigo que estaba usando las llaves de su madre para robar el licor de una bodega que le pertenece al Condado Santa Cruz. El juez del Tribunal Superior desechó el caso, citando la inmunidad concedida a los concesionarios de licor conforme a los estatutos vigentes en Arizona. El Tribunal de Apelación de Arizona sostuvo la decisión por el Tribunal Superior. Entonces, el Licenciado Gonzales apeló el caso a través de la Corte Suprema de Arizona y obtuvo una revocación y fallo por la Corte Suprema, que conforme al derecho de precedentes judiciales respecto a negligencia, el concesionario demandado estaba obligado al público de impedir personas menores robar licor. Después de la decisión por la Corte Suprema de Arizona, el Licenciado Gonzales pudo resolver el caso para los padres. - 2002 Holguín contra Consolidated Freighters, Inc.
Lo que parecía ser un choque automovilístico relativamente menor de importancia causando heridas de tejido blando muscular, intensificó a un caso de incapacidad física permanente debido al RSD (reflex sympathy dystrophy—enfermedad caracterizada por la degeneración, debilidad, o desarrollo anormal de los músculos), MPS (Myofascial pain síndrome—dolor asociado con alguna herida en los músculos). El licenciado logró resolver el caso con la compañía demandada por la cantidad de 2 millones de dólares. - 2006 Associated Aviation Underwriters v. Wood
El caso de la contaminación TCE del agua subterránea que comenzó en 1984 con los casos de Valenzuela v. Hughes Aircraft Company y Gerardo v. Tucson Airport Authority, finalmente fue resuelto después de 22 años de litigación con un convenio de multi-millones de dólares en la fase de la aplicación de Damron del caso. AAU v. Wood también dio lugar a una opinión significativa en el tribunal de apelación que trataba puntos substantivos de leyes de seguro en el estado del Arizona. - 2006 Bruce Austin v. Kenneth Howard & Little Bear Transport, Inc.
En la víspera de Navidad 2002, Bruce Austin el conductor de un camión de remolque fue llamado para asistir en un accidente fatal. Él estaba en una tira mediana del Interestatal 10 cuando un tractor-remolque conducido por Kenneth Howard salió de control y viró a la tira mediana, golpeando a Austin y desuniendo su pierna derecha. Austin también perdió su pulgar izquierdo, rompió varias costillas y se fracturó el hombro izquierdo. Howard fue sorprendido por el policía haciendo cambios en su diarios de operación mientras que él estaba dentro de su camión en la escena del accidente y admitió que él conducía más del tiempo permitido porque él intentaba llegar a su casa para Navidad. Little Bear Transport fue alegado ser negligente en sus prácticas de emplear, de supervisión y de negocios. Howard y Little Bear Transport admitieron responsabilidad pero discutieron que $1 millon era remuneración adecuada. El jurado concedió $5 millones en daños compensatorios y $10 millones en daños punitivos. La barra de abogados del estado del Arizona–The Arizona State Bar (Arizona Attorney Magazine, Vol. 43 No. 9, Mayo, 2007) divulgó que el caso de Austin era el segundo veredicto civil más grande de Arizona en 2006. - 2007 Taylor/Gurgone, et al. v. University House at Tucson, et al.
University House en Tucson es un complejo de apartamentos diseñado específicamente para los estudiantes de universidad que atienden University of Arizona y Pima Community College. Casi inmediatamente cuando abrieron sus puertas, el complejo de apartamentos ganó una reputación como “fiesta central” para la comunidad universitaria local. A pesar de la ovia embriaguez de menores de edad, la conducta ingobernable y la escalada violencia, la gerencia del complejo de apartamentos fallo en controlar estas fiestas a pesar de tener un deber para hacer el establacimiento seguro para los arrendatarios y sus huéspedes. Por lo tanto, en abril de 2003, los asaltantes desconocidos dispararon 18 tiros de armas de fuego a una fiesta de varios cientos de personas, matando a dos e hiriendo numerosos otros. Richard Gonzales representó a víctimas en un litigio en el condado de Pima. Después de cuatro años de litigio, los partidos entraron en un arreglo significativo con un convenio para no divulgar la cantidad del arreglo.
